Berta Cáceres, la persecución constante que culminó con su asesinato
El Tribunal de Sentencia de Honduras falló contra Víctor David Castillo, considerado autor intelectual del asesinato en 2016 de la activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres. Ella se opuso a través de la lucha social a la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de la zona noroccidental del país centroamericano.
Así la jueza dictó prisión preventiva para el condenado y fijó en el calendario el 3 de agosto como fecha anunciar la pena a la que se enfrenta.
Tras 45 días de audiencia, que comenzó el pasado 6 de abril, el fallo llegó. El Ministerio Público y la acusación que representa a la familia de Cáceres han presentado 62 pruebas para acreditar los vínculos de Castillo con los autores materiales del asesinato y las siete personas que ya fueron condenadas en 2018.
Los familiares y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron desde el primero momento a Castillo, a quien le consideran autor de la muerte de la activista. Cabe recordar que él era directivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres y todo el pueblo indígena.
Berta Cáceres sufrió una persecución constante durante años que culminó con su asesinato. Parte de su familia tuvo que abandonar el país durante algunos meses y ella misma se vio obligada a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar ser secuestrada y torturada.
Su fuerte discurso así como su gran capacidad para movilizar a gran parte de la población llevó conflicto más allá de las fronteras de Honduras, por lo que algunas compañías internacionales, como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional (adscrita al Banco Mundial) terminaron retirando su inversión.
Berta Cáceres fue asesinada a tiros en la madrugada del 2 de marzo de 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron acabar con la vida de Cáceres.
Así la jueza dictó prisión preventiva para el condenado y fijó en el calendario el 3 de agosto como fecha anunciar la pena a la que se enfrenta.
Tras 45 días de audiencia, que comenzó el pasado 6 de abril, el fallo llegó. El Ministerio Público y la acusación que representa a la familia de Cáceres han presentado 62 pruebas para acreditar los vínculos de Castillo con los autores materiales del asesinato y las siete personas que ya fueron condenadas en 2018.
Los familiares y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron desde el primero momento a Castillo, a quien le consideran autor de la muerte de la activista. Cabe recordar que él era directivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres y todo el pueblo indígena.
Berta Cáceres sufrió una persecución constante durante años que culminó con su asesinato. Parte de su familia tuvo que abandonar el país durante algunos meses y ella misma se vio obligada a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar ser secuestrada y torturada.
Su fuerte discurso así como su gran capacidad para movilizar a gran parte de la población llevó conflicto más allá de las fronteras de Honduras, por lo que algunas compañías internacionales, como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional (adscrita al Banco Mundial) terminaron retirando su inversión.
Berta Cáceres fue asesinada a tiros en la madrugada del 2 de marzo de 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron acabar con la vida de Cáceres.
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