La expresidenta Jeanine Áñez y sus ex ministros, en prisión en Bolivia

Estados Unidos afirmó este lunes que "sigue con preocupación" la situación en Bolivia, donde la expresidenta interina, Jeanine Áñez, y miembros de su gabinete fueron detenidos durante los últimos días y acusados de participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.



"Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de ex funcionarios por parte del gobierno boliviano", declaró Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado instó a "amigos, vecinos y bolivianos" a "defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso" destacados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.



"Nuestra preocupación se suma a la expresada por líderes cívicos, políticos y religiosos de Bolivia, así como por los de la comunidad internacional", indicó Porter.

A su vez, la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) había advertido por un "abuso de mecanismos judiciales" en Bolivia. La oficina encabezada por Luis Almagro manifestó en un comunicado su "preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno".

Áñez dejó el poder en Bolivia en noviembre de 2020 tras la victoria electoral de Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. La exsenadora sucedió en noviembre de 2019 al expresidente Morales después de su renuncia en medio de protestas tras su reelección en comicios calificados de fraudulentos.

Detenida bajo cargos de sedición, terrorismo y conspiración, Áñez fue ordenada el domingo a cumplir cuatro meses de prisión preventiva en espera de su juicio. La expresidenta interina fue detenida el sábado al igual que sus ministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). La orden de la Fiscalía alcanza también a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).

“Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter tras escuchar la resolución de la jueza Regina Santa Cruz, en una audiencia cautelar que se desarrolló por varias horas mediante una plataforma tecnológica.

El domingo también fue arrestado un activista civil de derecha, Yassir Molina, a quien el gobierno acusa de liderar un grupo de choque que participó en las protestas contra Morales en 2019. La Fiscalía de Bolivia justificó el pedido de detención por una supuesta conspiración para llevar a cabo “un presunto golpe de Estado” contra Morales.

Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos”.

La Unión Europea  calificó de “preocupantes” los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca. La oficina del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, subrayó que “las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”.

Por su parte la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado “la inmediata puesta en libertad de los detenidos”. Los obispos dijeron que no pueden “permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia”.

El excandidato de centro y exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) mandó cartas de reclamo por lo que sucede en su país a las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y la CIDH.

Dijo que se busca “infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar a la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana”.

Profunda repulsa de la oposición, la Iglesia Católica y amplios sectores de la sociedad civil. Y reocupación a la vez por una actitud sectaria exigida por Evo Morales a Luis Arce.