Falta de independencia de la justicia boliviana denuncia relator de la ONU
Un alto porcentaje de jueces transitorios, hacinamiento en las prisiones y falta de acceso de las mujeres indígenas.
Diego García-Sayán, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, confirmó en una rueda de prensa dada el 22 de febrero, que la justicia boliviana no se encuentra en su mejor momento.
Falta de independencia a la hora de cumplir con sus funciones, corrupción, precariedad en los cargos, falta de acceso a la justicia por parte de las minorías y hacinamiento en las cárceles, fueron algunos de los problemas detectados durante la semana que pasó en Bolivia, entrevistando funcionarios, políticos y testigos de otras arbitrariedades.
García-Sayán se encuentra en Bolivia como resultado de una invitación oficial del gobierno de Bolivia para que evaluara la situación del poder judicial de este país.
El alto funcionario de la ONU llegó a La Paz el 15 de febrero, y aunque entregará un informe oficial del resultado de su visita a mediados de año, adelantó algunas observaciones.
Corrupción y oportunismo político
“Si no hubiera cuestionamientos sobre la independencia judicial yo no estaría acá. No quiere decir que haya certezas en todas las acusaciones. He recogido referencias en ese sentido... si existe una situación ahora (de falta de independencia) también existió antes, pero no es una justificación”.
Con estas palabras, en la rueda de prensa, el relator se refirió a la aparente falta de autonomía del poder judicial boliviano, que se encuentra en gran medida bajo el control del partido del Gobierno (el MAS) desde 2017, cuando se eligieron por última vez las autoridades judiciales.
Aludió a los casos de corrupción que han generado fuertes escándalos en los últimos tiempos, como el caso del asesino en serie de mujeres, Richard Choque Flores, que fue liberado luego de pagar 3.500 dólares, y volvió a asesinar.
Sin embargo, evitó hablar directamente sobre el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año (cuando solo debía estar seis meses) y actualmente lleva a cabo una huelga de hambre.
Aparte de Áñez, más de medio centenar de opositores y algunos militares se encuentran en prisión preventiva.
Al respecto solo comentó: “Lo único que me corresponde hacer es pedir y asegurar que se den todas las garantías judiciales y se respete el derecho a la defensa”.
Hacinamiento y violencia de género
Otros problemas que destacó fueron que un 60 % de los jueces son transitorios, y que el hacinamiento en las cárceles ha alcanzado límites extremos (un 350 % por encima de su capacidad).
El relator afirmó que la justicia boliviana necesita una reforma, especialmente porque “está lejos de la gente”, y puso como ejemplo la dificultad que tienen las mujeres indígenas para acceder a la justicia.
A manera de ejemplo, solo entre marzo y septiembre de 2020, durante la cuarentena causada por la pandemia de Covid-19, se produjeron 24.000 episodios de violencia física y psicológica, y 125 feminicidios. Y en 2021 se registró un promedio de un feminicidio cada 3 días.
Poco después de reunirse con García-Sayan, el presidente de la república, Luis Arce, aseveró que se mantiene “con el firme propósito de impulsar la transformación judicial”.
Diego García-Sayán, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, confirmó en una rueda de prensa dada el 22 de febrero, que la justicia boliviana no se encuentra en su mejor momento.
Falta de independencia a la hora de cumplir con sus funciones, corrupción, precariedad en los cargos, falta de acceso a la justicia por parte de las minorías y hacinamiento en las cárceles, fueron algunos de los problemas detectados durante la semana que pasó en Bolivia, entrevistando funcionarios, políticos y testigos de otras arbitrariedades.
García-Sayán se encuentra en Bolivia como resultado de una invitación oficial del gobierno de Bolivia para que evaluara la situación del poder judicial de este país.
El alto funcionario de la ONU llegó a La Paz el 15 de febrero, y aunque entregará un informe oficial del resultado de su visita a mediados de año, adelantó algunas observaciones.
Corrupción y oportunismo político
“Si no hubiera cuestionamientos sobre la independencia judicial yo no estaría acá. No quiere decir que haya certezas en todas las acusaciones. He recogido referencias en ese sentido... si existe una situación ahora (de falta de independencia) también existió antes, pero no es una justificación”.
Con estas palabras, en la rueda de prensa, el relator se refirió a la aparente falta de autonomía del poder judicial boliviano, que se encuentra en gran medida bajo el control del partido del Gobierno (el MAS) desde 2017, cuando se eligieron por última vez las autoridades judiciales.
Aludió a los casos de corrupción que han generado fuertes escándalos en los últimos tiempos, como el caso del asesino en serie de mujeres, Richard Choque Flores, que fue liberado luego de pagar 3.500 dólares, y volvió a asesinar.
Sin embargo, evitó hablar directamente sobre el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de un año (cuando solo debía estar seis meses) y actualmente lleva a cabo una huelga de hambre.
Aparte de Áñez, más de medio centenar de opositores y algunos militares se encuentran en prisión preventiva.
Al respecto solo comentó: “Lo único que me corresponde hacer es pedir y asegurar que se den todas las garantías judiciales y se respete el derecho a la defensa”.
Hacinamiento y violencia de género
Otros problemas que destacó fueron que un 60 % de los jueces son transitorios, y que el hacinamiento en las cárceles ha alcanzado límites extremos (un 350 % por encima de su capacidad).
El relator afirmó que la justicia boliviana necesita una reforma, especialmente porque “está lejos de la gente”, y puso como ejemplo la dificultad que tienen las mujeres indígenas para acceder a la justicia.
A manera de ejemplo, solo entre marzo y septiembre de 2020, durante la cuarentena causada por la pandemia de Covid-19, se produjeron 24.000 episodios de violencia física y psicológica, y 125 feminicidios. Y en 2021 se registró un promedio de un feminicidio cada 3 días.
Poco después de reunirse con García-Sayan, el presidente de la república, Luis Arce, aseveró que se mantiene “con el firme propósito de impulsar la transformación judicial”.
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