Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal, Danilo en el dilema de actuar con energía
En la última década hemos visto la futilidad y falta de compromiso real de los empeños de los gobiernos del PLD de impulsar primero con las grandes Cumbres las reformas con las fuerzas vivas dirigidas por el gobierno.
Ahora bajo el gobierno de Daniel Medina se pretenden realizar dos reformas, llamadas, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, ambos convertidos en cortinas de humos para no arribar a ninguna reforma de fondo. El Pacto Eléctrico ha sido un gran despliegue teatral que concluyó en tres ligeros cambios cosméticos, que se podían hacer administrativamente, pero nada subtancial o medular ha sido negociado, ni se reformará. Nunca hubo real voluntad de cambio.
Después del mínimo acuerdo del Pacto Eléctrico el sistema eléctrico, sus defectos, sus intereses, el poder absoluto de la CDEEE, los Generadores, las múltiples agencias y instituciones de enrgía, las elevadas tarifas al consumidor y las deficitarias y politizadas clientelistas Distribuidoras, todo se quedará igual. Ningún cambio se realizará, cuando se firme el inútil Pacto Eléctrico. Los escándalos de la planta de Punta Catalina y la innecesaria y comprometedora Comisión que se creó para ligitimar las irregularidades en la licitación, los costos, los precios y enredos ocultos de esas plantas, ayudaron a disminuir aún más el proceso del pacto y el mismo pacto final.
Las Cumbres y Pactos han sido y son meras distracciones, para buscar aliados o cómplices del sector empresariado, laboral, profesional y político. Es un ejercicio para compromteter y legitimar. De las cumbres de la era de Leonel Fernández nunca salió nada concreto. Se quedaron en planes y sonoros enunciados.
Ahora el llamado Pacto Eléctrico, del presidente Danilo Medina, tampoco se ha llegado ni se negociado nada de fondo, y sus sugerencias son simples táctitas para dormir los problemas y anesteciar al país.
El necesario Pacto Fiscal integral, de cambios y fusiones institucionales del Estado, de reformas de impuestos, límites de exoneraciones, control de costos y de excesos de gastos, pero de esa responsabilidad se salió el gobierno, con la simple respuesta que no está en la agenda. El gobierno optó dejarlo añejar otros cuatro años para el próximo gobierno. Esta posposición es una violación de la misma Ley de Estrategia de Desarrollo, el END.
Puede darse el país, sus finanzas públicas, diez años de déficit fiscal y el agresivo endeudamiento público, el lujo y peligro de esperar cuatro años para comenzar y otros cuatro años para realizar las tridimensionales negociaciones de un Pacto Fiscal? A mi juicio el país y la economía no aguanta ocho años de politiqueo y dilaciones. ¿Por qué el gobierno no desea ahora, en enero de 2018, comenzar el lento camino para arribar a una reforma fiscal? Por qué poner al país y la viabilidad fiscal y de deuda en riesgo por posponer lo inevitable. La decisión de no actuar ahora, será muy costosa.
En verdad, como he señalado en artículos y en un reciente programa de televisión, el gobierno para realizar, cambios, ajustes, fusiones, recortes, mejoría de impuestos y ampliar el universo de contribuyenes, no tiene que realizar un magno y tedioso proceso de un supuesto Pacto Fiscal, con los empresarios, sindicatos, profesionales o grupo de interés y dirigido por un Monseñor. Eso lo demostró el presidente Medina, cuando por decreto fusionó cinco entidades del sector transporte en el nuevo instituto INTRANT. ¿Se necesitó un Pacto Fiscal para este necesario cambio?. Claro que no, solo voluntad. Ese es el modelo que se debe seguir, el que el gobierno actue y reforme desde ahora.
El gobierno si toma conciencia, si acepta el reto y la necesidad de mejorar las finanzas públicas puede avanzar muchísimo, preparando una propuesta amplia suya, socializarla y mediante simple consultas con las fuerzas vivas del país, llegar a acuerdos mínimos, pero no grandes y monumentales pactos, sino reformas y cambios, pero manteniendo su propio calendario, agenda y ruta. Más vale caminar paso a paso con cambios viables.
Debe preparar una propuesta, quizás de reformas en dos etapas, pero comenzando desde el 2018. Por ejemplo, el presidente Balaguer logró aprobar en su gobierno en medio de una gran crisis en 1990, la Ley Arancelaria y el Código Tributario, dos reformas muy importantes. ¿Acaso necesitó pactos o acuerdos magnos? El presidente Mejía sin pactos, logró que se aprobara después de diez años la Ley Monetaria y Financiera, el nuevo Código de Seguridad Social, pieza básica de modernización que abrió un mundo financiero y de protección social, la Ley de Valores, modificó el Código Tributario dos veces, la Ley General de Electricidad del 2001, y otras reformas fiscales ad-hoc.
El presidente Leonel Fernández mediante las grandes Cumbres no logró nada, pero sí realizó importantes reformas a través de leyes específicas, decretos y cambios administrativos. Fue un reformador. Ahora, Daniel Medina tiene un gran reto por adelante, con la urgente reforma fiscal tan necesaria. El presidente Medina debió quedar desilusionado con el largo proceso del Pacto Eléctrico, que con la extensión del tiempo se debilitaba y se convertía más futil e inútil y menos subtancial. Sucedió porque en un país tan poco institucional y con tan fuertes poderes facticos, no se puede complacer a todo el mundo y a todos los intereses. Si lo intentas, salen al final, migajas para la prensa.
En el fondo una reforma fiscal, en dos fases de tiempo, no es tan complicada, pero sí tiene que tener equilibrio, y cambios y ajustes por los ingresos y por los costos operacionales del gobierno y el elevado gasto corriente y clientelista. Tenemos hoy casi el doble de la cantidad de empleados públicos que en el 2008. Para qué y por qué? El gobierno y todos los políticos deben entender que nadie apoyará más impuestos, si los altos niveles de corrupción perduran impunes y si siguen los lujosos sueldos de los funcionarios públicos, legisladores, alcaldes, regidores y las Altas Cortes. Cómo se le puede exigir más impuestos al empresario, a la clase media y al trabajador, cuando hay un enorme disgusto y desesperación con la corrupción y la mala calidad del gasto público.
La reforma fiscal va paralela a una reforma y achicamiento del Estado clientar y al freno de la carrera de endeudamiento público. Cómo la DGII podrá exigir más al empresario, si no puede ni actua con rigor contra los evasores políticos, militares y hasta eclesiásticos. Cobrando los impuestos de la renta y patrimonio a la clase política podría obtener ingresos impositivos del 1 % del PIB. Por qué en la buena campaña contra la evasión y elusión de la DGII no lo hace. No se lo permite el poder o por falta de costumbre.
Cómo convocar a la sociedad para que pague más impuestos o le graven con más ITIBIS, si ex funcionarios como el denunciado por la valerosa periodista investigativa Alicia Ortega, no ha declarado ni paga impuestos por más de 29 compañías en el exterior y en el país por más de RD$ 4,000 millones, con negocios múltiples que no pagan impuestos. Tampoco pagan los reales impuestos ninguno de los imputados por Odebrecht, Tucanos, OISOE, INDHRI, INESPRE, CEA y otras frivolidades de corruptela tolerada. Un real reforma fiscal, tiene que incluir todos estos patrimonio y rentas ocultas robadas de los políticos y funcionarios. Si desean reforma integral, tiene que ser global y total de verdad para todos. Los políticos y funcionarios no pueden estar fuera de la campaña de la DGII.
Cómo van a quitarle exoneraciones del ITIBIS a los consumidores de clase media y al pueblo de alimentos de la canasta básica, si lo legisladores tienen exoneraciones para carros de super lujos, barrilitos, sueldos, y regalos. Sin embargo, si el gobierno está en serio y realmente quiere reformas por la vía de eliminación y controles de exoneraciones se pueden llegar a acuerdos equilibrados que no perjudiquen al pueblo y mejoren en algo los ingresos tributarios. Puede haber RD$ 40,000 millones por esta vía.
Para bajar subsidios y exoneraciones al gas y combustible, tienen que romper la mafia pública-privada en este sector siempre tan escandaloso, lleno de privilegios y corrupción. ¿ El gobierno tiene la voluntad para hacer estos cambios? En el sector eléctrico en el área impostiva hay tela por donde cortar, con acuerdos simples voluntarios o mediante reformas legales. No hay mucho que pueda o deba cobrarse a las zonas francas y al turismo, ambos vitales sectores de servicios, producción y creadores de empleos.
Pero es el gobierno quien tiene que actuar, para eso fue elegido para gobernar para todos. No se necesitan magnos pactos irrealizables. Le toca al Gobierno actuar, y no dejar que la fiscalidad-deuda siga en deterioro. He perdido toda la fe en los Pactos, son demasiado ceremoniales, imprácticos, espacios para acomodarse y conversar sin llegar a nada. Un pacto o reforma fiscal, la debe presentar, desarrollar y negociar el gobierno ahora, no un majestuoso ejercicio teatral dentro de cuatro años. Lo peor en que los verdaderos acuerdos de aposentos se realizan en el Palacio con las cúpulas, con los asociados, con los líderes sindicales, pero nunca se llegará a nada subtancial en las Cumbres y Pactos majestuosos.
En resumen, creo que comenzar con varias reformas fiscales y tributarias es esencial y urgente, por la parte de los ingresos y de los gastos. Debe incluirse también, porque es parte del problema, la reforma del Estado y del aparato burocrático. La calidad del gasto público tiene que mejorar mucho. El gobierno debe presentar un programa gradual de desmonte de cinco años de la dependencia del endeudamiento externo e interno. El freno y reducción del endeudamiento público es parte de la reforma fiscal.
Es un gran peligro seguir como si todo está bien, y según dicen los ministros, bien y manejable. Esas tonterías politiqueras a estas alturas no se las cree nadie. Señor presidente Medina, usted tiene la palabra y la decisión de actuar o dejarlo todo para el futuro incierto. Es usted quien escribe su propia historia y la de su gobierno.
* Eduardo J. Tejera es economista, diplomático, escritor y empresario dominicano.
Ahora bajo el gobierno de Daniel Medina se pretenden realizar dos reformas, llamadas, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, ambos convertidos en cortinas de humos para no arribar a ninguna reforma de fondo. El Pacto Eléctrico ha sido un gran despliegue teatral que concluyó en tres ligeros cambios cosméticos, que se podían hacer administrativamente, pero nada subtancial o medular ha sido negociado, ni se reformará. Nunca hubo real voluntad de cambio.
Después del mínimo acuerdo del Pacto Eléctrico el sistema eléctrico, sus defectos, sus intereses, el poder absoluto de la CDEEE, los Generadores, las múltiples agencias y instituciones de enrgía, las elevadas tarifas al consumidor y las deficitarias y politizadas clientelistas Distribuidoras, todo se quedará igual. Ningún cambio se realizará, cuando se firme el inútil Pacto Eléctrico. Los escándalos de la planta de Punta Catalina y la innecesaria y comprometedora Comisión que se creó para ligitimar las irregularidades en la licitación, los costos, los precios y enredos ocultos de esas plantas, ayudaron a disminuir aún más el proceso del pacto y el mismo pacto final.
Las Cumbres y Pactos han sido y son meras distracciones, para buscar aliados o cómplices del sector empresariado, laboral, profesional y político. Es un ejercicio para compromteter y legitimar. De las cumbres de la era de Leonel Fernández nunca salió nada concreto. Se quedaron en planes y sonoros enunciados.
Ahora el llamado Pacto Eléctrico, del presidente Danilo Medina, tampoco se ha llegado ni se negociado nada de fondo, y sus sugerencias son simples táctitas para dormir los problemas y anesteciar al país.
El necesario Pacto Fiscal integral, de cambios y fusiones institucionales del Estado, de reformas de impuestos, límites de exoneraciones, control de costos y de excesos de gastos, pero de esa responsabilidad se salió el gobierno, con la simple respuesta que no está en la agenda. El gobierno optó dejarlo añejar otros cuatro años para el próximo gobierno. Esta posposición es una violación de la misma Ley de Estrategia de Desarrollo, el END.
Puede darse el país, sus finanzas públicas, diez años de déficit fiscal y el agresivo endeudamiento público, el lujo y peligro de esperar cuatro años para comenzar y otros cuatro años para realizar las tridimensionales negociaciones de un Pacto Fiscal? A mi juicio el país y la economía no aguanta ocho años de politiqueo y dilaciones. ¿Por qué el gobierno no desea ahora, en enero de 2018, comenzar el lento camino para arribar a una reforma fiscal? Por qué poner al país y la viabilidad fiscal y de deuda en riesgo por posponer lo inevitable. La decisión de no actuar ahora, será muy costosa.
En verdad, como he señalado en artículos y en un reciente programa de televisión, el gobierno para realizar, cambios, ajustes, fusiones, recortes, mejoría de impuestos y ampliar el universo de contribuyenes, no tiene que realizar un magno y tedioso proceso de un supuesto Pacto Fiscal, con los empresarios, sindicatos, profesionales o grupo de interés y dirigido por un Monseñor. Eso lo demostró el presidente Medina, cuando por decreto fusionó cinco entidades del sector transporte en el nuevo instituto INTRANT. ¿Se necesitó un Pacto Fiscal para este necesario cambio?. Claro que no, solo voluntad. Ese es el modelo que se debe seguir, el que el gobierno actue y reforme desde ahora.
El gobierno si toma conciencia, si acepta el reto y la necesidad de mejorar las finanzas públicas puede avanzar muchísimo, preparando una propuesta amplia suya, socializarla y mediante simple consultas con las fuerzas vivas del país, llegar a acuerdos mínimos, pero no grandes y monumentales pactos, sino reformas y cambios, pero manteniendo su propio calendario, agenda y ruta. Más vale caminar paso a paso con cambios viables.
Debe preparar una propuesta, quizás de reformas en dos etapas, pero comenzando desde el 2018. Por ejemplo, el presidente Balaguer logró aprobar en su gobierno en medio de una gran crisis en 1990, la Ley Arancelaria y el Código Tributario, dos reformas muy importantes. ¿Acaso necesitó pactos o acuerdos magnos? El presidente Mejía sin pactos, logró que se aprobara después de diez años la Ley Monetaria y Financiera, el nuevo Código de Seguridad Social, pieza básica de modernización que abrió un mundo financiero y de protección social, la Ley de Valores, modificó el Código Tributario dos veces, la Ley General de Electricidad del 2001, y otras reformas fiscales ad-hoc.
El presidente Leonel Fernández mediante las grandes Cumbres no logró nada, pero sí realizó importantes reformas a través de leyes específicas, decretos y cambios administrativos. Fue un reformador. Ahora, Daniel Medina tiene un gran reto por adelante, con la urgente reforma fiscal tan necesaria. El presidente Medina debió quedar desilusionado con el largo proceso del Pacto Eléctrico, que con la extensión del tiempo se debilitaba y se convertía más futil e inútil y menos subtancial. Sucedió porque en un país tan poco institucional y con tan fuertes poderes facticos, no se puede complacer a todo el mundo y a todos los intereses. Si lo intentas, salen al final, migajas para la prensa.
En el fondo una reforma fiscal, en dos fases de tiempo, no es tan complicada, pero sí tiene que tener equilibrio, y cambios y ajustes por los ingresos y por los costos operacionales del gobierno y el elevado gasto corriente y clientelista. Tenemos hoy casi el doble de la cantidad de empleados públicos que en el 2008. Para qué y por qué? El gobierno y todos los políticos deben entender que nadie apoyará más impuestos, si los altos niveles de corrupción perduran impunes y si siguen los lujosos sueldos de los funcionarios públicos, legisladores, alcaldes, regidores y las Altas Cortes. Cómo se le puede exigir más impuestos al empresario, a la clase media y al trabajador, cuando hay un enorme disgusto y desesperación con la corrupción y la mala calidad del gasto público.
La reforma fiscal va paralela a una reforma y achicamiento del Estado clientar y al freno de la carrera de endeudamiento público. Cómo la DGII podrá exigir más al empresario, si no puede ni actua con rigor contra los evasores políticos, militares y hasta eclesiásticos. Cobrando los impuestos de la renta y patrimonio a la clase política podría obtener ingresos impositivos del 1 % del PIB. Por qué en la buena campaña contra la evasión y elusión de la DGII no lo hace. No se lo permite el poder o por falta de costumbre.
Cómo convocar a la sociedad para que pague más impuestos o le graven con más ITIBIS, si ex funcionarios como el denunciado por la valerosa periodista investigativa Alicia Ortega, no ha declarado ni paga impuestos por más de 29 compañías en el exterior y en el país por más de RD$ 4,000 millones, con negocios múltiples que no pagan impuestos. Tampoco pagan los reales impuestos ninguno de los imputados por Odebrecht, Tucanos, OISOE, INDHRI, INESPRE, CEA y otras frivolidades de corruptela tolerada. Un real reforma fiscal, tiene que incluir todos estos patrimonio y rentas ocultas robadas de los políticos y funcionarios. Si desean reforma integral, tiene que ser global y total de verdad para todos. Los políticos y funcionarios no pueden estar fuera de la campaña de la DGII.
Cómo van a quitarle exoneraciones del ITIBIS a los consumidores de clase media y al pueblo de alimentos de la canasta básica, si lo legisladores tienen exoneraciones para carros de super lujos, barrilitos, sueldos, y regalos. Sin embargo, si el gobierno está en serio y realmente quiere reformas por la vía de eliminación y controles de exoneraciones se pueden llegar a acuerdos equilibrados que no perjudiquen al pueblo y mejoren en algo los ingresos tributarios. Puede haber RD$ 40,000 millones por esta vía.
Para bajar subsidios y exoneraciones al gas y combustible, tienen que romper la mafia pública-privada en este sector siempre tan escandaloso, lleno de privilegios y corrupción. ¿ El gobierno tiene la voluntad para hacer estos cambios? En el sector eléctrico en el área impostiva hay tela por donde cortar, con acuerdos simples voluntarios o mediante reformas legales. No hay mucho que pueda o deba cobrarse a las zonas francas y al turismo, ambos vitales sectores de servicios, producción y creadores de empleos.
Pero es el gobierno quien tiene que actuar, para eso fue elegido para gobernar para todos. No se necesitan magnos pactos irrealizables. Le toca al Gobierno actuar, y no dejar que la fiscalidad-deuda siga en deterioro. He perdido toda la fe en los Pactos, son demasiado ceremoniales, imprácticos, espacios para acomodarse y conversar sin llegar a nada. Un pacto o reforma fiscal, la debe presentar, desarrollar y negociar el gobierno ahora, no un majestuoso ejercicio teatral dentro de cuatro años. Lo peor en que los verdaderos acuerdos de aposentos se realizan en el Palacio con las cúpulas, con los asociados, con los líderes sindicales, pero nunca se llegará a nada subtancial en las Cumbres y Pactos majestuosos.
En resumen, creo que comenzar con varias reformas fiscales y tributarias es esencial y urgente, por la parte de los ingresos y de los gastos. Debe incluirse también, porque es parte del problema, la reforma del Estado y del aparato burocrático. La calidad del gasto público tiene que mejorar mucho. El gobierno debe presentar un programa gradual de desmonte de cinco años de la dependencia del endeudamiento externo e interno. El freno y reducción del endeudamiento público es parte de la reforma fiscal.
Es un gran peligro seguir como si todo está bien, y según dicen los ministros, bien y manejable. Esas tonterías politiqueras a estas alturas no se las cree nadie. Señor presidente Medina, usted tiene la palabra y la decisión de actuar o dejarlo todo para el futuro incierto. Es usted quien escribe su propia historia y la de su gobierno.
* Eduardo J. Tejera es economista, diplomático, escritor y empresario dominicano.
Compartir en: